Ciudad de México – Rosario Robles, en prisión preventiva desde el 13 de agosto al ser acusada de desvío de dineros, podría salir de la cárcel en los próximos días luego de que este lunes un juez decidiera reponer el procedimiento en su contra, revocando la decisión del juez que la mandó a prisión preventiva.
“La reposición del procedimiento no implica la puesta en libertad de Rosario R. Lo que ordena es que el juez de control establezca si su permanencia en prisión es la medida que asegura de mejor manera que la imputada comparezca a juicio”, dijo en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal.
Según el mensaje, “la resolución se fundó en que la determinación de la prisión preventiva se dio sin establecer por qué dicha medida es proporcional, idónea y de menor lesividad, requisitos que se deben acreditar en términos de la Constitución Federal”.
Por su parte, el abogado de Robles, Julio Hernández Barros, dijo a medios que “habrá que seguir los lineamientos que decrete el propio tribunal, lineamientos que hacen muy probable que próximamente esté fuera de prisión”.
De este modo, con la decisión del tribunal, Robles podría continuar su defensa desde casa.
Hernández Barros indicó que se llevará a cabo una audiencia “esta misma semana”.
“Hoy no sale, pero próximamente yo creo que sí”, dijo convencido luego de informar que el “el quinto tribunal unitario acaba de revocar esa resolución” que en su día mandó a prisión preventiva a su cliente.
Según informó el medio Milenio, Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, señaló en su resolución de este lunes que el juez de control “vulneró la libertad personal de la imputada” por lo que “para reparar lo anterior, lo procedente es que se reponga el procedimiento”.
El magistrado indicó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idónea, proporcional y menos lesiva para la acusada.
Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) fue acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares.
Ello debido a su vinculación en la estafa maestra, una trama que en 2017 denunció el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación desveló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos.
Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicio.
El abogado Julio Hernández Barros denunció el mes pasado que se utilizaron pruebas falsas para ejecutar el encarcelamiento preventivo de su clienta.
Y dijo, como ya había hecho en anteriores ocasiones, que existía un complot de Estado contra Rosario Robles que impide que pueda presentar pruebas y defenderse.
El abogado ha acusado varias veces a la nueva Administración federal de ir en contra de su clienta, secretaria durante el mandato de Enrique Peña Nieto, por intereses políticos.
No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, ha negado en múltiples ocasiones que su Gobierno esté llevando a cabo una persecución contra anteriores funcionarios públicos.
