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MUNDO | 23/07/2019 07:10

"No hay presos políticos en Marruecos", dice la presidenta del Consejo de Derechos Humanos

La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma de forma categórica en una entrevista a Efe que
La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma de forma categórica en una entrevista a Efe que "no hay presos políticos" en Marruecos y que la tortura ya no se practica en las prisiones ni en las comisarías. EFE/ Mohamed Siali (Foto:EFE )
Rabat, 23 jul (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma de forma categórica que "no hay presos políticos" en Marruecos y que la tortura ya no se practica en las prisiones ni en las comisarías. Amina Bouayach, nombrada por el rey Mohamed VI el pasado diciembre a la cabeza de este consejo consultivo encargado de emitir informes y hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos, concede una entrevista a Efe en el marco del 20 aniversario del reinado de Mohamed VI. PREGUNTA: ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el país tras veinte años de reinado de Mohamed VI? RESPUESTA: Vaya por delante que la opción de defender y promover los derechos humanos se ha consolidado en el plano legislativo, en la creación de mecanismos y también de espacios públicos de expresión, señal esta última de esta opción irreversible de Marruecos en materia de derechos humanos. Es decir, el marco legislativo, constitucional y público ya lo tenemos. Es cierto que tenemos una "crisis de gestión" de los derechos humanos que se nota sobre todo en la gestión de las manifestaciones. En la capital, Rabat, se registran al año más de 28.000 protestas; pues bien, en las que son más concurridas se producen incidentes de orden público por ambas partes. Esto nos tiene bastante preocupados y más cuando algunas de estas manifestaciones se registran desde hace varios años. P. ¿Hay presos políticos en Marruecos? R. No hay presos políticos, sino prisioneros que han sido arrestados por su participación en manifestaciones o en violencias producidas en esas manifestaciones. No son arrestados por sus opiniones, sino por el impacto o el efecto de manifestaciones o de expresiones violentas. ¿Cómo definir la responsabilidad de la violencia que se juzga? Ahí es la Justicia la que debe definir y clarificar. En mis frecuentes conversaciones con los magistrados, me dicen: "Hay unos hechos, y yo aplico la ley que les corresponde, pero no hay leyes que vayan contra este señor o este otro". La libertad de opinión y de expresión ¿está asegurada y garantizada al 100%? No, porque hay a veces autocensura, interacciones en las redes sociales... Pero desde hace cinco años no se ha prohibido ni un solo sitio web ni ninguna cuenta de Facebook. P. Los observadores dicen que la tortura ya no se practica en las cárceles, pero ¿se puede decir lo mismo de las comisarías y locales policiales? R. Sí, es lo mismo. Ahora es una regla institucional, que cada vez se desarrolla más. La Dirección General de la Seguridad Nacional reacciona ante los casos de denuncia de malos tratos o tratos inhumanos con decisiones administrativas de suspensión (de agentes denunciados) o consejos de disciplina, y a veces los casos llegan a instancia judicial. Esta regla de rendición de cuentas es importante, ha permeado a la institución en su comportamiento con los detenidos. Una prerrogativa importante en el CNDH es la creación, que se hará en breve, de un "mecanismo nacional de prevención contra la tortura", que tendrá toda la independencia y autonomía para permitirnos visitar todo lugar de privación de libertad incluso sin aviso previo. Sus prerrogativas son claras y está en la lógica del Protocolo Opcional de la Tortura de la ONU. P. Había un cierto consenso social para la abolición de la pena de muerte, pero el asesinato y decapitación de dos turistas en el Atlas ¿podría frenar esta tendencia? (Nota: tres de sus autores fueron condenados a muerte poco después de la entrevista). R. La abolición es una decisión del Poder Legislativo. Las voces que se levanten contra la abolición siempre existirán, no son un indicador que frene este proceso. El problema son los titubeos de los parlamentarios. Ya se ha logrado disminuir el número de delitos castigados con la pena capital de treinta a diez. Los parlamentarios quieren abolir pero dudan, y en eso tenemos que trabajar y hacer nuestra campaña. También nos tocará responder a los argumentos que nos presentan sobre la religión y la sharia (ley islámica), que no siempre son coherentes. P. Hay actualmente debate sobre la despenalización de las relaciones extraconyugales entre adultos y de la homosexualidad. ¿Qué papel juega el CNDH cuando estos casos llegan a un tribunal? R. Estas personas (que son juzgadas) tienen la asistencia del CNDH por motivos humanitarios. Pero tenemos cada vez menos casos de condenas por estos dos delitos. Dentro de la reforma en curso del Código Penal, actualmente en instancia parlamentaria, nosotros defendemos despenalizar las relaciones que salen del marco matrimonial, sin entrar en los detalles. Son cuestiones que se van a presentar en la sociedad de forma cada vez más notoria, y su discusión es necesaria en la evolución de los derechos humanos. Los tabúes ya no son lo que eran. Con la única excepción, claro está, de los menores de edad. P. En la crisis del Rif, ustedes han asumido un papel humanitario de ayuda a las familias y de mejora de las condiciones de los presos. Se diría que el CNDH trata de "corregir los excesos" del poder ejecutivo y del judicial. R. Nuestra función no es corregir a los demás. Tenemos un marco de acción, que es la protección de los derechos, e intervenimos ante cada caso de detención o prisión para garantizar que el afectado tenga condiciones dignas. Es cierto, hemos hecho "acompañamiento" a las familias de los detenidos rifeños. Fueron unos acontecimientos dramáticos en términos de violencia, participación y duración. Ante estos elementos no caben respuestas técnicas, pues hay seres humanos detrás y les debemos asistencia. Tenemos pendiente un informe sobre todo lo que pasó: arrestos, alegaciones de torturas, reales o no... Todo eso va a ser discutido en un informe completo que estamos preparando. Extraeremos conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos. Todo el mundo es consciente de la magnitud de esos acontecimientos y del buen sentido de sus reivindicaciones. ¿Qué pistas tenemos ahora para interactuar en el plano humano, social, económico? En el Rif el índice de pobreza multidimensional ha bajado mucho, pero no así el de desempleo; es decir, hay cuestiones sociológicas a tener en cuenta. Pero la ciudadanía (rifeña) debe implicarse. Hay mecanismos, hay instituciones, tienen que implicarse en la búsqueda de soluciones. P. La implicación del CNDH con los detenidos rifeños no se observa con otros detenidos con componentes políticos como los saharauis, o los salafistas. R. Eso no es verdad. También a los presos saharauis los visitamos, la última visita fue la semana pasada en la cárcel de Salé; también hemos visitado a los de Guelmim. Hay en total más de 80.000 presos en las cárceles de Marruecos, no solo los que salen en los medios. A todos les debemos garantizar cuidados médicos, derecho a comunicaciones y visitas familiares. Sobre los presos por casos de terrorismo (yihadista), tenemos en marcha un programa de reconciliación que ya va por su cuarta fase, más otro programa específico para las mujeres dentro de este grupo. Acabamos de visitar también a un preso repatriado desde Dinamarca, también condenado por un delito terrorista y que sufre de diabetes. Desde mi llegada al cargo, hemos efectuado al menos 200 visitas a prisiones, lo que es un récord. P. Un problema crónico en Marruecos es la alta cantidad de presos preventivos, ¿qué piensa el CNDH? R. Descontando los que esperan revisión de pena en instancia superior, la proporción de preventivos a la espera de juicio es del 25 o 30% del total, y esto nos preocupa. En el marco de las enmiendas al Código Penal, hemos propuesto penas alternativas. Hay además pequeños hurtos y otros delitos menores que ni siquiera necesitarían arresto, pero para ello hace falta jurisprudencia. La Procuraduría (Fiscalía) ha insistido mucho en favorecer las penas alternativas, pero ahora es el Consejo General del Poder Judicial el que debe cambiar. P. En el Sáhara Occidental, la impresión es que los derechos tienen menos garantías que en otras partes. En otras palabras, que los independentistas saharauis gozan de menos derechos. R. No creo que sea cierto. Allí se celebran manifestaciones como en cualquier otra parte. Así como hay en Rabat, hay manifestaciones en el Sáhara, y si hay incidentes, es al mismo nivel. No se trata de violaciones de derechos, sino que a veces hay incidentes entre personas, y esto degenera. Sobre el derechos de asociación, no tenemos un solo caso de asociación (saharaui) que haya presentado una demanda y haya sido rechazada. Hay asociaciones que trabajan por la independencia que no han presentado solicitud pero actúan como si fueran una asociación. Por otra parte, hay personas que hacen un trabajo periodístico en favor del Frente Polisario. En el último juicio (a la periodista Nezha Khalidi, condenada a pagar una multa de 400 euros), no se conculcó la libertad de expresión, sino que se condenó a una mujer que se decía periodista cuando carecía de tarjeta de prensa, una tarjeta de por cierto da el Consejo Superior de Periodistas y no las autoridades. Hay una mediatización de las informaciones (sobre el Sáhara) que no es correcta. Si alguien alega que se violan sus derechos, hay procedimientos que respetar. Se puede protestar por el procedimiento en sí, es cierto, pero hay que asegurarse de que existe. En esta región (del Sáhara), como en todas las demás, hacemos un seguimiento como institución nacional de derechos humanos, pero ante todo hay que respetar el reglamento en vigor. Esto es lo que define la democracia: las instituciones. P. Pero del Sáhara se expulsa constantemente a extranjeros acusados de simpatizar con el Polisario, ¿cree usted que es normal? ¿No significa que una región de excepción? R. Si un parlamentario viene y no declara que está en misión, entonces... Yo, cuando voy a un país, informo a sus autoridades. O cualquier marroquí que va a España, necesita un visado, por poner otro ejemplo. El procedimiento es algo importante, te puede gustar más o menos, pero hay que respetarlo. Si yo voy a otro país y me dicen "no puedes entrar", pues no entro.
EFE
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