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MUNDO | 24/03/2019 20:40

Procuradora salvadoreña señala vacíos en investigación de homicidio de Romero

Imagen de archivo de la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero. EFE/Archivo
Imagen de archivo de la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero. EFE/Archivo (Foto:EFE )
San Salvador, 24 mar (EFE).- La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, criticó este domingo la investigación del asesinato de san Óscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980 por un francotirador, por la falta de diligencias contra empresarios señalados de financiar los escuadrones de la muerte. La defensora de derechos humanos señaló que la Fiscalía y el juez de la causa, Rigoberto Chicas, no han impulsado una serie de diligencias solicitadas por los querellantes. "Considero que no se está cumpliendo con el principio de debida diligencia en realizar una investigación exhaustiva, completa, imparcial, de forma inmediata y sin dilaciones", apuntó la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Explicó que los acusadores particulares presentaron los nombres de empresarios salvadoreños que supuestamente financiaron los escuadrones de la muerte que operaron en el país antes y durante la guerra civil (1980-1992), incluido el que ejecutó a Romero. Sostuvo que estos operaban desde Miami, Estados Unidos, y que documentos desclasificados del Gobierno del país norteamericano y reportes de la prensa involucran a personas como Roberto Daglio, Luis Escalante, Julio Salaverria, Juan Ricardo Salaverria y Arturo Muyshondt. Caballero apuntó que estos hombres "no han sido considerados en las diligencias pedidas por la Fiscalía ni ordenadas por el juez de la causa". En el marco de la conmemoración del 39 aniversario del homicidio de "la voz de los sin voz", como es conocido Romero, Caballero pidió que todas las personas relacionadas con el crimen enfrenten la Justicia y reciban una "sanción". Recalcó su llamado al fiscal general, Raúl Melara, de realizar "una investigación seria, eficaz, oportuna y concluyente sobre la ejecución extralegal de monseñor Romero". De igual forma, pidió a Chicas que autorice "todas las diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de todas las personas responsables" del magnicidio. Chicas ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 mandó a la Fiscalía realizar una nueva investigación. El juzgador también emitió una orden de detención contra el capitán Álvaro Saravia, único imputado en el proceso y con paradero desconocido. Romero fue asesinado a tiros el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador. El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables. El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial. Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros. La anulación de una ley de amnistía de 1993 por una fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas (1989).
EFE
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