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MUNDO | 20/03/2019 13:10

Una agenda regresiva amenaza los derechos humanos en Guatemala

En la imagen, la representante en Guatemala del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Liliana Valiña. EFE/Archivo
En la imagen, la representante en Guatemala del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Liliana Valiña. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Guatemala, 20 mar (EFE).- La desigualdad, la discriminación, la exclusión, la pobreza sistémica, los altos niveles de impunidad y una agenda legislativa "regresiva" amenazan los derechos humanos en Guatemala, un país que corre el riesgo de revertir el progreso alcanzando en la implementación de los Acuerdos de Paz de 1996. Así lo advirtió este miércoles la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Liliana Valiña, durante la presentación del informe de 2018, que analiza y describe la situación de activistas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, lesbianas, gais, bisexuales y transgénero o personas con diversidad funcional. "Es importantísimo que se siga avanzando y no a través de una agenda legislativa que haga retroceder y que esas expectativas que sigue teniendo la gente de avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación no sea un sueño que sea truncado a través de una legislación", exclamó. Durante 2018, Guatemala, el segundo país de la región con menos desarrollo humano (está ubicado en el puesto 127 de 189), sufrió una intensificación de las tensiones sociales y políticas por la pugna del Gobierno con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y vivió un aumentó de la violencia contra activistas: al menos 26 asesinatos hasta finales de diciembre. "Existe preocupación ante el posible incremento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos a medida que se acercan las elecciones generales de 2019", advierte el documento, ante lo que piden medidas y protección efectiva. Pero también observa un "regreso a un enfoque más represivo de la seguridad, incluido el aumento de la participación militar en las tareas de seguridad ciudadana" con cambios y destituciones de personal y la asignación de esas funciones por parte del Estado a empresas privadas "con una limitada rendición de cuentas". En este contexto, los colectivos más vulnerables siguen siendo los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyas protestas y reivindicaciones son vistas por la población y el Gobierno como "violentas", "contra el desarrollo" y "violatorias del derecho de otros a trabajar" a diferencia de las realizadas por los sectores urbanos, "ampliamente percibidas como legítimas". Los pueblos indígenas sigue luchando contra la discriminación y el racismo "generalizado", unos problemas estructurales que provocan una "segregación racial de facto" con violación y represión, lo que mantiene vivo "el legado de abusos y genocidio" cometido durante la guerra civil, que por 36 años desangró el país (1960-1996) y dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. En este sentido está la iniciativa de ley que busca una amnistía para los crímenes cometidos durante el conflicto, que ya fue aprobada en el segundo debate de los tres necesarios, y que podría aplicarse con carácter retroactivo. Ello permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas. Las autoridades indígenas han sido "blanco" de agresiones al defender sus derechos sobre la tierra, también frente a megaproyectos mineros, energéticos o de monocultivos. Estos no han generado los beneficios "económicos y sociales prometidos" a las comunidades, con graves efectos medioambientales y cuyas consultas, reguladas por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen sin realizarse. Esta situación, aunada a la violencia y la criminalización, evidencia una "erosión del espacio cívico" que afecta a periodistas, activistas o líderes comunitarios en uno de los países más desiguales del mundo, con una pobreza que afecta al 70,3 por ciento de la población y donde las mujeres y los indígenas la padecen de una forma "desproporcionada". A pesar de los avances alcanzados, la oficina de la ONU está "preocupada" por la "persistente impunidad" por violaciones a los derechos humanos "presentes y pasadas" y por retrocesos en la independencia judicial, así como "demoras y falta de coordinación" en la implementación de medidas de protección para las víctimas. Es por ello que entre otros puntos recomienda garantiza la transparencia y la participación de mujeres y pueblos originarios en las elecciones del próximo mes de junio, aplicar medidas para lograr la independencia judicial o reforzar la cooperación entre la jurisdicción indígena y ordinaria. Y es que los cuatro departamentos que registraron durante 2018 los niveles más bajos de muertes violentas son aquellos donde los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población, lo que deja de manifiesto "el papel preventivo de la jurisdicción indígena". La Oficina del Alto Comisionado, que insiste en la necesidad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, exhortó al Estado a proteger a los activistas, a prevenir los desalojos y proteger los recursos territoriales, apoyar los sistemas de salud tradicionales y abordar "la desigualdad estructural" garantizando el acceso a los derechos básicos. Y por ello Valiña, que pidió comprender la importancia de los activistas en la construcción de la democracia, animó a los futuros candidatos a que tengan una agenda de derechos humanos incluyente. Patricia Pernas
EFE
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