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MUNDO | 19/02/2019 18:10

La ONU insta a Honduras a despenalizar la difamación, calumnia e injuria

En la imagen, el periodista hondureño David Romero. EFE/Archivo
En la imagen, el periodista hondureño David Romero. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Tegucigalpa, 19 feb (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (Acnudh) instó este martes al país a despenalizar los "delitos contra el honor" y expresó su preocupación por las condenas a una diputada y un periodista porque "restringen" la libertad de expresión. La Acnudh alentó en un comunicado a Honduras a "avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria y adoptar soluciones adecuadas a través de los procedimientos civiles a los que las personas puedan recurrir en casos de difamación", y se comprometió a apoyar técnicamente el proceso. El Comité de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal y el Relator Especial sobre la libertad de expresión han recomendado a Honduras que considere la posibilidad de "despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada", indicó el organismo en un comunicado. Además, manifestó su preocupación por las sentencias impuestas a la diputada opositora María Luisa Borjas y el periodista David Romero, director de Radio Globo en Tegucigalpa, ambos condenados por calumnia. "Noto con seria preocupación (...) que la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva", indica un informe del relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Yake. De este modo, según Yake, "existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión". Expresó además que las medidas legales relativas a la libertad de opinión y expresión deben "existir para eliminar obstáculos legales para el libre ejercicio de ese derecho fundamental, así como para sancionar a quienes violan ese derecho". Yake considera que las medidas legales "no deben restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni tampoco deben permitir que se usen para censurar y sancionar a personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión". También enfatizó que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para prevenir crímenes contra la libertad de expresión donde haya riesgo de que ocurran. La diputada Borjas fue condenada el lunes a dos años y ocho meses de cárcel por "calumnia constitutiva de difamación" contra un empresario de su país. Borjas fue denunciada en los tribunales por el banquero Camilo Atala, quien aduce que la diputada lo acusó de ser uno de los "autores intelectuales" del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016. Según la sentencia, Borjas es "autora responsable penalmente a título de autora directa por los delitos de calumnias constitutivas de difamación". La pena, dictada por el juez de sentencia designado, Rolando Argueta, deberá cumplirla "en una cárcel departamental o seccional", señala la sentencia, que además "declara a la condenada responsable civilmente". El periodista David Romero fue sentenciado a diez años de cárcel por seis delitos de difamación en perjuicio de la abogada Sonia Gálvez, esposa del exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar. Según la sentencia, ratificada en enero de este año, Romero es "autor responsable de seis delitos de difamación por imputaciones constitutivas de injurias, ya definidos y circunstanciados" en perjuicio de Gálvez. La demanda de Gálvez contra el periodista fue presentada en agosto de 2014 por 15 delitos de calumnia e injurias a través de Radio Globo. En noviembre de 2015 el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Romero solamente por seis delitos, y en marzo de 2016 dictó la pena. La Acnudh recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión.
EFE
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