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MUNDO | 08/02/2019 17:40

El Salvador promueve pulseras electrónicas para reos en libertad vigilada

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde. EFE/Archivo
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde. EFE/Archivo (Foto:EFE )
San Salvador, 8 feb (EFE).- El Gobierno de El Salvador busca implementar el uso de brazaletes electrónicos como medida sustitutiva a la detención provisional, con lo que se reduciría el hacinamiento carcelario, declarado inconstitucional por el Supremo, informó este viernes el Ministerio de Justicia y Seguridad. El titular de la cartera de Estado, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó a un grupo de jueces que la herramienta permite "el monitoreo del cumplimiento de medidas sustitutivas a la detención provisional y de las acciones que se impongan para otorgar la libertad condicional a las personas procesadas". Asimismo, señaló, durante una reunión con un grupo de jueces a quienes les presentó la propuesta, la importancia de fomentar el uso de las pulseras electrónicas, reguladas por la Ley del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal que fue aprobada en el 2015. Señaló que el Sistema de Vigilancia Electrónica, que "se ha venido implementado desde el 2017, ha tenido un costo de 4,7 millones de dólares y cuenta con la capacidad para monitorear 10.000 dispositivos". Además, apuntó que "hasta la fecha hay un aproximado de 300 personas que llevan brazaletes en prácticamente todos los departamentos del país". "El proyecto tiene por objetivo dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el hacinamiento en carcelario", subrayó el ministro. Agregó que, a partir de la sentencia, se han realizado proyectos de infraestructura penitenciaria que han permitido una reducción "considerable" del hacinamiento, pasando de un 400 % en 2016 a un 135 % en la actualidad. En junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el "hacinamiento en cárceles y calabozos de El Salvador, especialmente los ubicados en las localidades de Quezaltepeque (noroeste), Soyapango (este) y San Vicente (este). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Ejecutivo terminar con una serie de medidas de seguridad en las prisiones con pandilleros por ser "crueles e inhumanas". El Gobierno prevé, al final la Administración de Salvador Sánchez Cerén, en junio de 2019, que la sobrepoblación llegue a un 130 %, que será "muy inferior al promedio de la región". Los centros penales de El Salvador albergan a 38.000 reos de los que 28.000 son beneficiados con el programa de rehabilitación "Yo Cambio" que tiene como fin brindar herramientas a estas personas para que logren su reinserción a la sociedad.
EFE
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