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MUNDO | 08/02/2019 15:10

Argentina publica el nuevo Código Procesal Penal contra el crimen organizado

Germán Garavano, ministro de Justicia de Argentina. EFE/Archivo
Germán Garavano, ministro de Justicia de Argentina. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Buenos Aires, 8 feb (EFE).- El Gobierno argentino publicó este viernes en el Boletín Oficial el nuevo Código Procesal Penal, con el que espera agilizar la lucha contra el crimen organizado, e incluye las nuevas herramientas en esta materia sancionadas en los últimos años. En un comunicado, el Ministerio de Justicia aseguró que el objetivo del Código, que ya fue aprobado por el Parlamento el pasado diciembre, es "modernizar los mecanismos de persecución penal" de delitos como el narcotráfico, la corrupción o la trata de personas, todos ellos vinculados a la Justicia federal del país. Entre los principales cambios de la norma, se encuentra la instauración del sistema acusatorio, que diferencia claramente la función de conducir la investigación, a cargo del fiscal, de la función de juzgar, responsabilidad del juez, "por lo que los fiscales asumen un rol preponderante", afirmó el ministerio, que apuntó que este método "asegura un proceso más equilibrado". El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, que se han ido sancionando en los últimos años. Algunos de los efectos son el de permitir anular la "cosa juzgada írrita", cuando se demuestre que el juez no investigó oportunamente, o eliminar la prohibición de usar la información obtenida de acuerdos entre fiscales y acusados, facilitando así la figura del arrepentido y colaborador con la Justicia. El Código Procesal Penal comenzará a implementarse en las provincias de Salta y Jujuy (ambas en el noroeste del país) a mediados de mayo, luego seguirá con las jurisdicciones "del sur" y finalmente las del centro del país. En paralelo a la reforma del anterior Código, de 2014, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura brindaron capacitaciones, tanto en litigación como en investigación, a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y la Defensoría General capacitó a defensores y secretarios letrados. También se financió el equipamiento de los laboratorios científicos provinciales, se capacitó a más de 450 integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el norte del país y se dictaron talleres en academias de formación de oficiales de la ciudad de Buenos Aires, concluyó la nota del Gobierno.
EFE
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