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MUNDO | 16/11/2018 17:40

Preocupa a expertos una audiencia celebrada sin avisar en el caso de Berta Cáceres

En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación Calificada expresan
En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación Calificada expresan "su profunda preocupación" porque el día 12 el Poder Judicial hondureño celebró una audiencia del juicio "sin avisar previamente a las víctimas del caso". EFE/Archivo (Foto:EFE )
Tegucigalpa, 16 nov (EFE).- La Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio por el asesinato el 3 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, expresó hoy su preocupación ante una audiencia del proceso penal celebrada "sin previo aviso". En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación Calificada expresan "su profunda preocupación" porque el día 12 el Poder Judicial hondureño celebró una audiencia del juicio "sin avisar previamente a las víctimas del caso". Ello, añade la misión, se suma a una serie de "graves irregularidades que han sido denunciadas desde el inicio del proceso" penal. Señala que el 9 de noviembre, el tribunal de sentencia notificó públicamente a las partes que el juicio se retomaría el día 13. Sin embargo, este lunes, el Poder Judicial publicó en Twitter que el proceso "se estaba reanudando". "Este mensaje parece ser el único anuncio público del cambio y constituye una nueva violación al principio de publicidad, así como a los derechos de representación de los intereses de las víctimas", añade el comunicado. En la audiencia del lunes "se evacuaron las extracciones telefónicas que corresponden a dos de los imputados: Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, ambos ligados a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA)", enfatizan los expertos. El 19 de octubre, el tribunal de sentencia determinó que la familia y los abogados de Berta Cáceres habían abandonado el proceso luego de recusar nuevamente a los jueces y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas, que rechazan la decisión. En ese sentido, los expertos señalan que ni la familia de Cáceres ni el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien era huésped de la activista el día del suceso y resultó herido de bala, aunque no de gravedad, fueron informados respecto al cambio de la audiencia. Lo anterior, destacan, imposibilitó que la defensa de la familia de Cáceres y Castro, así como la Misión de Observación Calificada y otros observadores, "pudieran acudir a observar la audiencia; es decir, en la práctica se trató de una audiencia secreta". Los representantes de la misión indican que a las víctimas y sus representantes, además de "ser excluidos del proceso y no ser informados de este tipo de decisiones", se les "denegó la posibilidad de transmitir las audiencias, así como el acceso a las grabaciones del juicio". Ello implica que "la asistencia a las audiencias es el único medio por el cual las víctimas, sus representantes y la sociedad en general pueden obtener información sobre el desarrollo del proceso", por lo que esos hechos "violentan el derecho de acceso efectivo a la justicia y la protección y garantía del derecho a la verdad", añaden. Asimismo, a nivel nacional supondría "la vulneración de diversos preceptos del Código Procesal Penal hondureño que aseguran los derechos de información y de asistencia a las audiencias por parte de las víctimas", destaca el comunicado. Las organizaciones que integran la misión denuncian esta "nueva irregularidad que afecta los derechos de las víctimas" y solicitan que "se respete el principio de publicidad del proceso, y se les permita ser parte del proceso". Los expertos aseguran que continuarán "monitoreando y denunciando las irregularidades que observen (en) el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en contra de Gustavo Castro". La Misión de Observación está integrada por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Corporación de Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia y Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas de Nicaragua, entre otros.
EFE
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