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MéXICO | 19/10/2018 20:10

Familias mexicanas enfrentan burocracia para recuperar cuerpos del forense

Fotografía con fecha del 16 de octubre de 2018, de un grupo de personas que son asesoradas por personal de la Asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), en las afueras del servicio medico forense, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México). EFE
Fotografía con fecha del 16 de octubre de 2018, de un grupo de personas que son asesoradas por personal de la Asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), en las afueras del servicio medico forense, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México). EFE (Foto:EFE )
Guadalajara (México), 19 oct (EFE).- Incertidumbre, burocracia, espera y mucho dolor viven cientos de familias que acuden al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco (oeste de México) con la esperanza de encontrar a sus seres queridos entre los 322 cuerpos hallados en contenedores frigoríficos abandonados. Desde el pasado 21 de septiembre, días después de que se conociera la existencia de los tráileres, cientos de personas llegan al Semefo, donde son recibidas por el fuerte olor a descomposición. El proceso de identificación de los cuerpos no ha sido lo suficientemente eficiente; las familias deben realizar inacabables trámites y visitas a otras dependencias que complican aun más la recuperación de los restos de sus seres queridos. Carlos Ezequiel fue secuestrado en junio de 2016 cuando salía de su trabajo en el poblado de Ixtlahuacán junto con su amigo Osvaldo, y desde entonces no se supo más de ellos. La familia interpuso una denuncia ante la fiscalía y acudió al Semefo, donde tomaron muestras de ADN de los padres, cuenta a Efe la hermana del desaparecido, Paula Flores. Durante dos años acudieron decenas de veces a varias dependencias para saber si el joven estaba entre los cuerpos que llegan cada día a la morgue. En todas las ocasiones los funcionarios negaron que hubiera registro de alguien con sus características. Tras el hallazgo de los contenedores, Osvaldo fue identificado por sus familiares, que también observaron fotografías en las que lograron ubicar a Carlos por los tatuajes que se había hecho años atrás. Cuando Paula y sus padres volvieron al Semefo el 4 de octubre para reconocer a su familiar les dijeron que el cadáver había estado en la morgue desde abril de 2017 y fue inhumado casi de inmediato, pero sin tener certeza de dónde. "Ni siquiera saben dónde está el cuerpo de mi hermano. Supuestamente está enterrado en un panteón de Tonalá, pero no saben exactamente si es ahí porque el perito nos dijo que si no tenían la muestra de ADN no podían inhumar el cuerpo; entonces debería estar en el Semefo", explica. Ni en la fiscalía ni en el forense encuentran la carpeta de investigación que inició en 2016 y los funcionarios insisten en endosarles una que está fechada en enero de 2018. El 16 de octubre los peritos les anunciaron que deberán realizar una nueva toma de muestra genética, cuyos resultados tardarán al menos un mes, pues las que dejaron los padres dos años antes no fueron procesadas, y las que tomaron al cuerpo de Carlos "no fueron suficientes". "Es injusto, es inhumano que hagan este tipo de cosas, es doloroso. ¿Cómo le vamos a explicar a sus hijos que todavía no les vamos a llevar a su papá? Todo por la incompetencia de servidores públicos", dice la joven al borde del llanto. Según la Comisión que fue establecida de manera especial en Jalisco, solo la mitad de los 444 cuerpos bajo resguardo del Semefo, incluyendo a los 322 cadáveres abandonados en los contenedores, tienen un expediente de identificación que permita su inhumación o entrega a familiares. Además, 189 cadáveres no reclamados han sido inhumados en el cementerio de Guadalajara y 39 fueron reconocidos y entregados a sus familiares, para dar un total de 228 cadáveres identificados. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Carlos Barba, aceptó que la dependencia mantuvo "graves irregularidades" en el tratamiento de los cadáveres y la integración de sus carpetas de identificación. La dependencia tenía un rezago de tres años en la generación de dictámenes, dejó de tomar las huellas dactilares durante un año, los aparatos para pruebas genéticas no operaban al 100 % y había falta de control en el ingreso de los cuerpos, a los que no se asignaba un número de identificación. Todo ello a pesar de que en los últimos cinco años la violencia ha incrementado en Jalisco, que registró 1.315 homicidios de enero a junio. La señora Leticia, que prefiere no dar sus apellidos para evitar represalias a su familia, narra que tuvo que esperar casi un año y medio para recuperar los restos de su hijo, secuestrado a mediados de 2017 y en la morgue desde hace 15 meses. Tras ir y venir durante meses entre denuncias y tomas de sangre, el 9 de octubre fue notificada de que el joven estaba bajo el resguardo del Semefo y tres días después le entregaron una caja con dientes como único vestigio de su hijo, quien había sido disuelto en ácido. "Veníamos a preguntar y nunca nos decían que tuvieran alguna respuesta (...) no daban resultados, simplemente. Son muchas las cosas que no están haciendo bien y no se ponen a pensar un poquito en el dolor que le han causado a uno", recalca.
EFE
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