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MéXICO | 20/09/2018 17:10

Tribunal mexicano ratifica legalidad de comisión de verdad en caso Ayotzinapa

Un tribunal colegiado resolvió que sí hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, informó hoy el Consejo de la Judicatura de México. EFE/ARCHIVO
Un tribunal colegiado resolvió que sí hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, informó hoy el Consejo de la Judicatura de México. EFE/ARCHIVO (Foto:EFE )
México, 20 sep (EFE).- Un tribunal colegiado resolvió que sí hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, informó hoy el Consejo de la Judicatura de México. La decisión de los magistrados deja sin efecto la resolución tomada por el tercer tribunal unitario de Tamaulipas que en julio pasado señaló que "era imposible jurídicamente" crear la comisión, indicó el Consejo en un comunicado. "Sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación", subrayaron los magistrados del primer tribunal colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas en su resolución, precisó la Judicatura. El primer tribunal colegiado de Tamaulipas tomó en junio pasado la decisión de crear esta comisión por la presunción de que la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial". En su resolución, los magistrados afirmaron que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena. El caso Ayotzinapa, precisaron, debe atenderse "bajo la óptica" del artículo 17 constitucional en el sentido de que "se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales". Al interpretar el artículo 21 constitucional los magistrados señalaron que "no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar", como lo demuestra la existencia de investigaciones formales que son reconocidas por la PGR. Entre estas están las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sobre la participación de la CNDH en la comisión de la verdad, los magistrados precisaron que nunca se dijo que se investigarán delitos sino solo los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes. Una vez que la comisión de la verdad haga su trabajo, entonces la CNDH puede formular recomendaciones y la PGR analizar si existen elementos para acusar penalmente a alguna persona, añadieron. Según la versión oficial, los estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados el 26 de septiembre por policías corruptos en el municipio de Iguala que los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero. Los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos señalaron que fue científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero. El abogado de los padres, Mario Patrón, dijo a Efe que la sentencia de hoy confirma que hay una "esperanza" de que los padres de los 43 puedan conocer la verdad. El también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) valoró que la sentencia es "contundente" al señalar que no existe ninguna imposibilidad jurídica, así como en "reiterar que la investigación hecha hasta ahora por la PGR no ha sido independiente, imparcial, autónoma y eficaz". El pasado, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un vídeo en el que insistió en la versión oficial del caso Ayotzinapa. "Estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó", defendió. No obstante, la sentencia hecha pública hoy vuelve a desmontar este planteamiento, y si el Gobierno no la cumple "podría incurrir en desacato", apuntó Patrón.
EFE
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