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MUNDO | 24/05/2018 18:10

La Corte Interamericana enjuicia a Guatemala por falta de protección a una jueza

La jueza guatemalteca María Eugenia Villaseñor habla durante una audiencia pública donde denunció al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la falta de protección ante amenazas y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones. EFE
La jueza guatemalteca María Eugenia Villaseñor habla durante una audiencia pública donde denunció al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la falta de protección ante amenazas y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones. EFE (Foto:EFE )
San José, 24 may (EFE).- El Estado de Guatemala se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la denuncia de falta de protección a la jueza María Eugenia Villaseñor, quien ha sufrido amenazas y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones. "Dentro de mi función jurisdiccional fui víctima de múltiples amenazas, persecuciones y difamaciones que jamás fueron investigadas por el Estado de Guatemala. Quiero que se conozca al juez en su lado humano, que nunca se ve", expresó Villaseñor en la audiencia ante la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. El caso se refiere a la presunta secuencia prolongada de amenazas, agresiones, hostigamientos e intimidación sufridas por Villaseñor entre 1994 y 2012, en su calidad de jueza en Guatemala, cargo en el que participó en procesos judiciales de impacto a nivel nacional e internacional, principalmente casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías. Uno de estos casos fue el del asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990, luego de que rindiera un informe sobre tierras arrasadas y el éxodo indígena y campesino durante el conflicto armado interno. Villaseñor relató que aunque estuvo poco tiempo relacionada a ese caso como jueza de primera etapa, logró avances y recolección de indicios, pese a que superiores suyos le ordenaron no hacerlo. La jueza denunció que desde ese entonces fue víctima de allanamientos en su domicilio, amenazas de muerte, intento de secuestro a su hija, secuestro a uno de los agentes policiales que resguardaba su domicilio, robos de información personal, entre otras cosas. Villaseñor dijo que también ha sido señalada injustamente de ayudar al crimen organizado y de recibir sobornos, con el fin de dañar su nombre. La denuncia presentada ante la Corte Interamericana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que las amenazas y hostigamiento tuvieron lugar en un contexto de inseguridad y asesinatos de jueces en Guatemala. "Hay indicios que vinculan a agentes estatales y que apuntan a que esta secuencia de hechos estaba relacionada con la actividad jurisdiccional de la víctima del presente caso", afirmó en la audiencia de hoy la representante de la CIDH, Esmeralda Arosemena. Hasta 2013 Villaseñor se desempeñó durante varios años como magistrada de apelaciones, posición en la que también participó en el trámite de casos polémicos y de relevancia nacional. Arosemena declaró que el Estado no investigó ni brindó protección adecuada a la jueza para identificar las fuentes de riesgo, contribuir a erradicarlas, individualizar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes. La Comisión le atribuye al Estado la responsabilidad por "la falta de protección efectiva a la jueza" y por "la situación de impunidad respecto de todos los hechos de amenazas y hostigamientos". En la audiencia, el representante del Estado, Jorge Luis Borrayo, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, aseguró que la jueza sí recibió medidas de protección y que no presentó denuncias formales sobre muchas de las amenazas que ha señalado. "El Estado cumplió eficazmente con las medidas brindadas en forma personal, permanente e ininterrumpidamente durante 19 años", aseguró Borrayo. El representante del Estado también señaló a la jueza Villaseñor por su "poca colaboración" para poder investigar sus denuncias. Tras la audiencia de hoy las partes tienen un mes para presentar los alegatos por escrito y a partir de entonces la Corte Interamericana deliberará para emitir una sentencia.
EFE
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