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MUNDO | 14/05/2018 20:10

Piden respuestas a dos meses del asesinato de concejala Marielle Franco en Brasil

Franco, de 38 años, socióloga de profesión y quien nació y fue criada en Maré, una de los complejos de favelas más pobres de Río, era conocida por sus denuncias contra los excesos de la Policía y sus críticas a la intervención federal en la seguridad de esa ciudad decretada por el Gobierno en febrero y que puso el control de esa área en manos de los militares un mes antes de su muerte. EFE/Archivo
Franco, de 38 años, socióloga de profesión y quien nació y fue criada en Maré, una de los complejos de favelas más pobres de Río, era conocida por sus denuncias contra los excesos de la Policía y sus críticas a la intervención federal en la seguridad de esa ciudad decretada por el Gobierno en febrero y que puso el control de esa área en manos de los militares un mes antes de su muerte. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Río de Janeiro, 14 may (EFE).- La izquierda brasileña y grupos de defensa de Derechos Humanos recordaron hoy los dos meses del brutal asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor Anderson Gomes en el centro de Río de Janeiro, un crimen para el que aún no hay presos ni respuestas concretas de las autoridades. Un acto organizado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que pertenecía la concejala, y otro de Amnistía Internacional sirvieron para recordar el homicidio y protestar por la demora de las investigaciones. Franco, negra, bisexual, activista de Derechos Humanos y política de izquierda, fue tiroteada la noche del pasado 14 de marzo, junto con su conductor, cuando transitaba en un vehículo por una calle del centro de la ciudad, tras haber participado en un acto político. Del brutal episodio solo salió con vida una persona: la asesora de prensa de la dirigente política que resultó herida sin gravedad. Aunque en los últimos días se han revelado nuevos detalles, las investigaciones se desarrollan bajo sigilo y las autoridades se han mostrado renuentes a dar mayor información. Tanto así que organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) señalaron este lunes que es necesario apurar las investigaciones y dar respuestas concretas sobre el crimen. "Human Rights Watch insiste en la conducción de una investigación sin demora, rigurosa e imparcial de esos asesinatos", señaló la ONG en un comunicado. Por su parte, AI realizó una acción pacífica, que tuvo lugar en la mañana de este lunes frente a la secretaría de Seguridad Pública de Río para "pedir nuevamente que las autoridades del estado se comprometan públicamente con la elucidación del caso". Según Renata Neder, coordinadora de investigación de AI, no solo es importante que las autoridades se comprometan a revelar quién mató a la concejala sino quién la mandó matar y cuáles fueron los motivos. Según lo han revelado las autoridades en los últimos días, un concejal, un policía y un exagente son investigados por el asesinato de Franco, después de ser acusados por un testigo. El testigo, según el diario O Globo, implicó al concejal de Río de Janeiro Marcello Siciliano, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), y a Orlando Oliveira de Araújo, un expolicía que está preso acusado de comandar en la zona oeste de Río una milicia, como se conoce a los grupos parapoliciales que operan en la ciudad. Aunque Siciliano negó públicamente en una rueda de prensa cualquier tipo de implicación con el crimen de Franco y afirmó que su relación con la concejala "era buena" y que "nunca hubo conflictos políticos" entre ambos, la revelación de una grabación de una llamada de su celular al parecer indica que sí tenía contacto con milicianos. Este domingo, el programa Fantástico de la Red Globo reveló conversaciones grabadas por la Policía entre el concejal Siciliano y un miliciano. El testigo del caso Marielle fue quien suministró a la Policía el número de un celular que habría sido usado por los asesinos en el día del crimen y ese mismo número hacía parte de un grupo de números celulares que ya eran objeto de investigación por parte de las autoridades. Oliveira de Araújo también rechazó su implicación en una carta enviada desde la prisión al diario O Dia. Fantástico reveló que en la misma carta en la que Oliveira de Araújo negó estar implicado, señaló haber sido presionado por un comisario para confesarse culpable del asesinato. El delator, que trabajó para uno de esos grupos, también acusó a un miembro del batallón 16 de la Policía cuya identidad no fue divulgada. Ante la posibilidad de que agentes de seguridad hayan participado en el asesinato de la activista, HRW pidió la intervención del Grupo de Actuación Especializada en Seguridad Pública del Ministerio Público (GAESP), responsable de los crímenes o violaciones de Derechos Humanos cometidos por agentes de la seguridad pública. Franco, de 38 años, socióloga de profesión y quien nació y fue criada en Maré, una de los complejos de favelas más pobres de Río, era conocida por sus denuncias contra los excesos de la Policía y sus críticas a la intervención federal en la seguridad de esa ciudad decretada por el Gobierno en febrero y que puso el control de esa área en manos de los militares un mes antes de su muerte.
EFE
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