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MUNDO | 22/03/2018 18:40

Un juez peruano pide la extradición de un empresario desde EE.UU. por el caso Odebrecht

El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, implica en Perú a la primera línea de la política peruana por los sobornos que la constructora brasileña pagó a funcionarios para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas entre 2005 y 2014, y por financiar de manera irregular las campañas electorales de sus líderes políticos. EFE/Archivo
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, implica en Perú a la primera línea de la política peruana por los sobornos que la constructora brasileña pagó a funcionarios para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas entre 2005 y 2014, y por financiar de manera irregular las campañas electorales de sus líderes políticos. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Lima, 22 mar (EFE).- Un juez peruano aprobó hoy iniciar el proceso para solicitar a Estados Unidos la extradición del empresario Gustavo Salazar, investigado por supuestamente haber participado en la entrega de sobornos del caso Odebrecht, anunció hoy el Poder Judicial en un comunicado. El magistrado Manuel Chuyo, del sistema especializado en corrupción, declaró procedente el pedido de la Fiscalía para tramitar la extradición, cuya solicitud a Estados Unidos queda pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Salazar está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado por la concesión a Odebrecht de la Vía de Evitamiento de la ciudad sureña del Cuzco. La Fiscalía incautó en septiembre de 2017 una cuenta bancaria con más de un millón de dólares a nombre de Salazar, quien desde mayo de 2017 tiene en su contra una orden de captura internacional y un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses. El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, implica en Perú a la primera línea de la política peruana por los sobornos que la constructora brasileña pagó a funcionarios para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas entre 2005 y 2014, y por financiar de manera irregular las campañas electorales de sus líderes políticos.
EFE
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