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MUNDO | 11/01/2019 20:10

Jefe de la policial niega que existan presos políticos en Nicaragua

En la imagen, jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz. EFE/Archivo
En la imagen, jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz. EFE/Archivo (Foto:EFE )
Managua, 11 ene (EFE).- El jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, rechazó hoy que existan presos políticos en el país, que se encuentra inmerso en una crisis sociopolítica desde abril y que ha dejado cientos de muertos y detenidos por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega. "Los que están presos, no son presos políticos, están presos porque cometieron delitos, asaltos, saqueos, muertes, destrucción", señaló el jefe policial durante una presentación en el IV Foro de Amor, Paz y Solidaridad con Nicaragua, que culminó este viernes en Managua con representantes de 21 países. Díaz, consuegro del presidente Ortega y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, defendió la actuación policial en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, porque, a su juicio, intentaban derrocar al mandatario. El 5 de julio del año pasado, Estados Unidos sancionó por su participación en la violencia en Nicaragua a Díaz; así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López; y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y que ha actuado como "líder" de la Juventud Sandinista. Estos individuos han visto congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tienen prohibido hacer transacciones financieras en ese territorio. El jefe policial expuso esa posición un día después que se conociera la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, quien acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en el marco de la crisis, sino más bien con el afán de imponer un "Estado de terror" con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales. El exmagistrado -padrino de bodas de Ortega y Murillo y considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial- también los acusó de haber decidido "acabar con las protestas populares, los jóvenes y los tranques (bloqueos de vías) a sangre y fuego en un uso desproporcionado de la fuerza, y armando de manera irresponsable con armas de guerra a una gran cantidad de jóvenes y algunos sandinistas ya retirados que también participaron con la Policía en la represión". Asimismo, reprochó que en medio de la crisis estén enjuiciando a una gran cantidad de detenidos "con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron". Además, en su carta de renuncia sostuvo que "no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa", como denuncia el Ejecutivo, "sino un uso irracional de la fuerza" por parte del Estado. Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes". La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores. Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis. Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.
EFE
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