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VIDA | 12/12/2018 16:40

General responsable por la seguridad teme por el futuro de Río de Janeiro

El secretario de seguridad del estado de Río de Janeiro, general Richard Nunes, habla durante conferencia de prensa con periodistas extranjeros, hoy en el Centro Integrado de Comando y Control en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE
El secretario de seguridad del estado de Río de Janeiro, general Richard Nunes, habla durante conferencia de prensa con periodistas extranjeros, hoy en el Centro Integrado de Comando y Control en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE (Foto:EFE )
Río de Janeiro, 12 dic (EFE).- El general del Ejército brasileño Richard Nunes, que asumió como secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro desde que el Gobierno decretó la intervención militar en la región, se dijo hoy preocupado con un posible aumento de la violencia en el estado más emblemático de Brasil a partir de enero. "Estamos preocupados porque todo lo que hicimos está a punto de ser arrojado a la basura con la decisión del futuro gobernador de extinguir la Secretaría de Seguridad Pública", aseguró el general en una entrevista con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro. Nunes afirmó que la extinción del único órgano capaz de integrar los diferentes organismos de seguridad en Río echará por la borda los avances conseguidos para reducir los índices de criminalidad desde que el Gobierno decretó la intervención militar en febrero pasado. El militar se refirió específicamente al anuncio del gobernador electo de Río, Wilson Witzel, que asume el 1 de enero próximo, de extinguir la Secretaría de Seguridad y darle más poderes a la Policía, incluso drones capaces de disparar y permisos para que francotiradores puedan tirotear desde lejos a posibles criminales, para combatir abiertamente a la delincuencia. Así como el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, Witzel defiende medidas de combate directo a la criminalidad, incluso la flexibilización en el porte de armas, para hacer frente a la violencia. "Vemos con preocupación que el gobernador electo anuncie que pretende extinguir la secretaría y consideramos que eso implica un riesgo. Si hay continuidad podrán mejorar la seguridad, pero prevemos problemas si no la hay. Consideramos que el enfrentamiento directo a los criminales sólo aumentará la violencia", dijo. Los graves problemas de violencia en Río, en donde son constantes los enfrentamientos entre narcotraficantes, paramilitares y la Policía, obligaron al Gobierno a declarar una intervención militar en la seguridad del estado, que le entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre próximo. La intervención busca poner fin a la ola de violencia que Río de Janeiro vive desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que tan sólo el año pasado dejó 6.731 muertos. "En los ocho meses en que estuvimos al frente, reestructuramos todas las instituciones de seguridad para dotarlas de capacidad de actuación, devolverles capacidad operativa e integrarlas", afirmó Nunes, quien aclaró que antes de la intervención todos los organismos, como la Policía Militarizada, la Policía Civil y los órganos de inteligencia, actuaban de forma aislada. El temor de los responsables de la intervención es que, sin una secretaría para coordinar esa integración, las Policías vuelvan a trabajar cada una por su cuenta, sin compartir sus informaciones de inteligencia y sin metas ni operaciones conjuntas. "Lo que hicimos en Río puede ser aprovechado por otros estados de Brasil con problemas de seguridad. Dejamos un legado que otros estados están buscando pero que, paradójicamente, Río está despreciando al extinguir la experiencia", se quejó. Aseguró que, como interventores, los militares no se limitaron a enviar soldados y blindados a las calles, a militarizar la ciudad o a ocupar favelas, sino que montaron una estructura para comandar la seguridad que se mostró eficaz y puede ser copiada en otros estados. "Ahora, con el cambio de Gobierno, lo que está en juego es la integración de los diferentes organismos. Si esa integración es modificada, tendremos serios problemas de seguridad", alertó. Entre otros resultados de la intervención destacó la reducción de los latrocinios en un 37,5 %, hasta 90 casos entre abril y noviembre de este año; de los homicidios dolosos en un 7,6 %, de los robos de carga en un 20 %, de los robos en la calle en un 9 %, de los robos a establecimientos en un 16 % y de los robos a vehículos en un 10 %. Admitió que las muertes de civiles en operaciones policiales aumentaron, como han denunciado los organismos de defensa de los derechos humanos, pero aclaró que, pese a que ese crecimiento es "totalmente inaceptable", obedece a que la Policía recuperó su capacidad operativa y está combatiendo la criminalidad con más agentes, más equipo y más motivación. "Y eso entra en choque con la libertad nunca vista que tenían los criminales para andar armados en cualquier momento y lugar. Pero la tendencia es que esas muertes caigan cuando los criminales se den cuenta que ya no pueden enfrentar abiertamente a la Policía", afirmó. Sobre los tiroteos, otro índice que los grupos de derechos humanos dicen que ha crecido con la intervención, el general afirmó que esas organizaciones miden esta estadística sin ningún rigor metodológico y basados en aplicaciones para celular para las que un tiroteo tanto puede ser un ruido o un disparo de advertencia.
EFE
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