Aguasdigital

aguasdigital.com

Mundo

Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Actualidad

Aguascalientes
10°
C
Soleado
clima
10°C Soleado
Aguascalientes
10°
C
Soleado
clima
10°C Soleado
Miércoles 19 de Diciembre de 2018
MUNDO | 13/11/2018 11:40

Familiares de ejecutados políticos lamentan la pena "mínima" de un general chileno

Miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) protestan con carteles con las caras y nombres de sus familiares ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en la puerta del Ministerio de Defensa, en Santiago (Chile). EFE
Miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) protestan con carteles con las caras y nombres de sus familiares ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en la puerta del Ministerio de Defensa, en Santiago (Chile). EFE (Foto:EFE )
Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- Familiares de ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet lamentaron hoy, en una concentración ante el Ministerio de Defensa, que el general Juan Emilio Cheyre fuera condenado a una pena "mínima" de 3 años y un día en libertad vigilada, por encubrir 15 ejecuciones. Cheyre se convirtió el pasado viernes en el primer jefe del Ejército de Chile (2002-2006) en ser condenado por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y, en concreto, por unos hechos ocurridos en el episodio de La Serena en la "Caravana de la Muerte" en el que murieron 15 opositores. Se trata de una comitiva militar que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como "delegado personal" del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos sacados de las cárceles. En la concentración de este martes, los miembros de la Agrupación de Familiares de ejecutados Políticos (AFEP) se reunieron para protestar por la "condena muy baja" al general Cheyre. Asimismo, también pidieron al ministro de Defensa, Alberto Espina, "la degradación de todos los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos" y, al mismo tiempo, "quitarles todos los privilegios". La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, también acusó a los cuatro exministros de Defensa, "que han representando a los Gobiernos durante 28 años", de ser "cómplices" de defender a Cheyre "porque nunca han exigido la verdad de la Justicia". "En vez de rechazar y condenar a quienes, como Cheyre, cometieron atropello sistemáticamente a los derechos humanos y violaron la ley, solamente manifiestan su lamento por esta condenada mínima, sin exigir gestos institucionales para terminar con los pactos de silencio al interior del Ejército", afirmó Lira. "El mensaje que debe dar el Estado de Chile debe ser claro y directo, no solo de condenas simbólicas, sino de medidas y sanciones ejemplares que apunten a apartarse de quienes cometieron crímenes tan crueles contra el pueblo chileno", agregó. En un fallo de 400 páginas, que se conoció la semana pasada, el juez especial Mario Carroza condenó a prisión a 11 militares por su responsabilidad en los homicidios, entre los que, además de Cheyre destaca el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que está sentenciado a más de 600 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos. Como jefe del Ejército, Cheyre pronunció su "nunca más" a esas violaciones, advirtió que la institución continuaba siendo "prisionera del pasado" y asumió en un documento la responsabilidad institucional en los crímenes. Cheyre ha negado siempre alguna responsabilidad en el caso por el que ha sido condenado y, según el juez, el detalle de su actuación "es difícil señalar", aunque "todo está explícito, referido de manera muy reflexiva en el escrito". El fallo remarca que toda la oficialidad del regimiento "consintió dócilmente a que éstos (los opositores) fueran aniquilados sin juicio alguno, y el acusado Cheyre, pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta como excusa su escasa edad". Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
EFE
Facebook Twitter Google Plus YouTube